El proceso neoliberal de privatizaciones ha utilizado a nuestro país, Puerto Rico, como conejillo de Indias. No solo se han privatizado los servicios de agencias gubernamentales cruciales para la sobrevivencia de la población, como la salud y la energía, sino que cada servicio dado a estas agencias, desde la limpieza y el mantenimiento, hasta su misma evaluación, ha sido a su vez sub-contratado a ejecutores privados.
Aquí, la administración del gobierno se ha convertido en un mero intermediario para premiar a contratistas mayormente corruptos y mediocres, tanto locales como extranjeros, que aportan a los bolsillos y a las campañas electorales del partido de gobierno. Muchas de las compañías contratadas ni siquiera existían formalmente hasta que vieron la oportunidad de enriquecerse, y rápidamente se constituyeron.
Con la excusa de que lo privado da mejor servicio y abarata los costos, cosa que ha resultado totalmente falso, el gobierno nos ha empujado privatización tras privatización. Sin siquiera, tener mecanismos para evaluar ni mucho menos, penalizar la incompetencia e irresponsabilidad de estos contratistas.
Pero estas semanas, un contrato ha estado en la mira del pueblo, y es el de los servicios de salud en el Departamento de Corrección. Por años, familiares de personas encarceladas se han estado quejando de la falta de estos servicios, y solo el año pasado fallecieron 90 prisioneros en las cárceles de nuestro país en condiciones que aún no se han aclarado. Ahora, el escándalo mayor ha sido que un asesino confeso que tenía una condena de 125 años por asesinar mujeres, fue puesto en libertad y mató a otra mujer.
Él se hacía pasar por parapléjico y se acogió a una ley existente que libera a prisioneros si están en etapa terminal de una enfermedad. Por todo un año luego de salir de prisión, trabajó en la libre comunidad, caminando normalmente. Sin embargo, los médicos y funcionarios de la agencia de salud privada lo habían certificado como un paciente parapléjico con pocas semanas de vida.
Tanto la directora del Departamento de Corrección como el mismísimo gobernador Pedro Pierluisi, rehuyen la responsabilidad del Estado en la muerte de una mujer boricua a consecuencia de la negligencia e irresponsabilidad de esa privatizadora.
Pero el pueblo no olvida, ni perdona.
Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló, Berta Joubert-Ceci.
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